Luego que el gobierno presentará su proyecto este domingo, la iniciativa no ha logrado convencer, pues desde los gremios de la Salud han criticado que este proyecto no incluye lo que la ciudadanía solicita y que, por el contrario, solo viene a seguir debilitando la salud pública y favoreciendo a los privados.
La reforma establece garantías de tiempo máximo de espera más allá de las enfermedades incluidas en el AUGE, y en caso de que esto no se respete los pacientes serán derivados a hospitales universitarios, de las Fuerzas Armadas, o en último caso a centros de salud privados.
Por otra parte, existirá un Plan de Salud Universal para cubrir las necesidades de las familias afiliadas, sumado al Seguro Catastrófico de Salud que ya está en trámite en el Congreso.
Además, se reducirá el gasto estableciendo que el Estado financie al menos el 80 por ciento del costo de las prestaciones, junto con bajar el precio de los medicamentos.
Sin embargo, el proyecto no ha logrado convencer en plenitud ni en el mundo político, ni tampoco en las organizaciones.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Matías Goyenechea, presidente de la Fundación Creando Salud, comentó que con esta reforma nuevamente el Gobierno solo está beneficiando a los privados.
“Lo más probable es que estemos subsidiando con recursos públicos a prestadores privados con fines de lucro, que son la mayor cantidad hoy día de prestadores disponibles. Entonces más que fortalecer lo público, esta iniciativa va terminar generando un subsidio al mercado privado manteniendo la lógica subsidiaria del Estado, manteniendo la segmentación de la población de acuerdo a si son pobres o ricas, o enfermas o sanas, entonces la verdad es que esto no se hace cargo de las demandas de la ciudadanía, que han venido instalando la idea de avanzar hacia un sistema único de salud”, explicó.

En tanto, Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (CONFUSAM), señaló que es inconcebible que el Gobierno siga sin escuchar a la ciudadanía, y que una vez más crean políticas de salud sin preocuparse de fortalecer el sector público.
“Creemos que el gobierno, o no sabemos si sus asesores, no quiere ver la realidad de lo que ocurre ne Chile. No ha tomado en consideración lo que la gente ha planteado desde el día 18 de octubre”, dijo y agregó que “yo lamento profundamente los anuncios, porque los planteamientos reafirman seguir entregando más recursos a los privados, dejando en desmedro tanto lo que es la salud pública centralizada como lo que es la atención privada”.
Junto con ello indicó que con esto se “fortalece un Fonasa pero solamente interviniendo para entregar a las grandes cadenas de salud privada e isapres mayores recursos cuando tiene la posibilidad de fortalecer la salud pública, que es el clamor de millones de chilenos y que es una de las prioridades de Unidad Social”.
Además, la dirigente social comentó que “nuestra organización junto a otras organizaciones de la salud pública estamos en estado de alerta nacional por estos hechos”.

Mientras que, en la política, específicamente en la oposición, tampoco ha gustado este proyecto. Desde la comisión de Salud de la Cámara Alta, el senador Guido Girardi, señaló que el problema es que la salud sigue sin ser un derecho en nuestro país.
“Nosotros evidentemente queremos un sistema de salud como derecho y, por lo tanto, aquí se requiere una reforma constitucional dado que hoy día la salud no es un derecho que garantice justamente que las personas van a obtener salud en función de su necesidad y no del tamaño del bolsillo. Esto no queda resuelto en la propuesta de Fonasa, la propuesta sigue siento una propuesta que, en cierta manera, mantiene una discriminación en función de los recursos económicos de las personas”.
Tanto desde la oposición como desde los gremios de la salud, la solicitud es que exista un Fondo Único de Salud, “con un administrador único público, que asegure cobertura universal y acceso oportuno a redes públicas organizadas, de calidad, integradas y basadas en la Atención Primaria”, sistema bajo el que las isapres pasarían a ser seguros complementarios regulados “financiados sólo con aportes voluntarios de personas que buscan otras condiciones”.
Esa idea, según lo informado por los partidos políticos de oposición, podría ser ingresada en los próximos días al Congreso como un proyecto paralelo al del Gobierno.
By: Andrea Bustos C / Diario Uchile