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Por : Alberto Arellano y Pedro Ramírez en Actualidad y Entrevistas / Ciper Chile
El pago de casi $5 millones que recibió la productora Pandemia de parte de SQM, revelado por El Mercurio, no es el único vínculo que conecta a proveedores de la campaña 2009 de Piñera con financiamiento aportado por la minera de Julio Ponce Lerou. Otros tres proveedores de esa campaña también figuran en las facturas que SQM rectificó ante el SII cuando estalló el escándalo de las platas de la política. Un transportista, un proveedor de material gráfico y un operador territorial de la campaña, además de Pandemia, boletearon un total de $103 millones que la minera no pudo justificar.
Fueron $103,3 millones los que Soquimich (SQM) rectificó en 2015 ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por servicios presuntamente no prestados a esa minera por cuatro proveedores –personas naturales y jurídicas– que en paralelo participaron en la campaña electoral que llevó en 2010 a Sebastián Piñera a La Moneda. Estas boletas forman parte de una larga nómina que fue rectificada por SQM después de que la fiscalía comenzó a investigar a esa empresa por haber proporcionado financiamiento ilegal para la política.

Una fracción de ese monto, $4,9 millones, corresponde a un pago realizado en mayo de 2010 por SQM a la productora Pandemia Producciones Limitada, propiedad de la periodista María Inés Alliende Barbera. Tal como reveló El Mercurio de este martes 26, a principios de agosto pasado Alliende concurrió a la fiscalía en calidad de imputada en el caso que lleva el fiscal Pablo Gómez por las platas políticas de Soquimich. Interrogada por este pago, la periodista explicó:
“Las facturas dan cuenta de servicios que prestamos a Piñera para su campaña y para el cambio de mando, aunque se hayan emitido a una persona distinta de aquella a la que le prestamos los servicios, en el caso de la factura emitida a SQM”, declaró ante las fiscales  Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione, según consigna el matutino.
La información difundida por El Mercurio sacudió al mundo político, pues por primera vez se vinculó de manera directa la campaña 2009 de Piñera con financiamiento ilegal proporcionado por la minera que controla el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
CIPER revisó todas las rectificaciones hechas por SQM y las comparó con las rendiciones del gasto electoral que hizo Piñera en 2009. Cuatro son los proveedores de la última campaña del ex Presidente que figuran en los gastos reconocidos por su comando ante el Servicio Electoral y que al mismo tiempo recibieron pagos que la minera después corrigió ante el SII: Pandemia Producciones, Trama Impresores, el transportista Juan Carlos Petit Oggero y el ex concejal de la UDI en Antofagasta y encargado de realizar trabajos en terreno para la campaña de Piñera, Robert Araya Alquinta.

VÍNCULO VIGENTE

La socia de Pandemia, María Inés Alliende, es esposa del reconocido director de televisión Reinaldo Sepúlveda Urzúa, quien jugó un rol estratégico en la puesta en escena de la campaña de Piñera de 2009. Ese vínculo sigue vigente, pues Sepúlveda es parte del equipo que desarrolló la nueva franja de propaganda electoral del ex mandatario, según informó La Tercera el 16 de julio pasado.
Pandemia Producciones fue constituida con un capital de $4 millones en junio de 2009, tres meses antes de que se diera inicio oficial a las campañas de los aspirantes a La Moneda en las elecciones de fines de ese año.
En septiembre de 2009, el entonces candidato Sebastián Piñera lanzó su campaña ante 13 mil personas en el centro de eventos Movistar Arena. La proclamación del abanderado de la coalición de centro derecha –que finalmente saldría electo en segunda vuelta, el 17 de enero de 2010– fue sucedida por un show musical con Américo y los Charros de Lumaco como protagonistas. El encargado de grabar el masivo evento fue Reinaldo Sepúlveda, quien hoy cumple labores similares en la carrera que tiene a Sebastián Piñera liderando las encuestas de cara a la elección presidencial del próximo 19 de noviembre.
Ya con Piñera en La Moneda, Sepúlveda se desempeñó como jefe de televisión del Departamento de Producción Presidencial. El realizador fue el encargado de transmitir el rescate de los 33 mineros atrapados en la Mina San José, evento que tuvo a más de mil millones de personas pegadas a la pantalla siguiendo la televisación en directo del rescate.

TRANSPORTISTAS E IMPRESORES

Pandemia no es la única empresa involucrada en la campaña de 2009 de Piñera que recibió pagos de SQM. De acuerdo a la indagación de CIPER, otros tres proveedores del comando facturaron trabajos para la minera que luego fueron rectificados. Sumados a los dineros cancelados a Pandemia Producciones, el monto rectificado asciende a $103,3 millones.

Información del Servicio Electoral (Servel) sobre gastos de campaña para las elecciones presidenciales de 2009, consigna que Trama Impresores prestó servicios “de propaganda” por $22,6 millones para la campaña de Sebastián Piñera. Los trabajos que se detallan en las planillas del Servel refieren a impresión de palomas y monumentales o gigantografías.
De acuerdo a la nómina de pagos no justificados que presentó Soquimich al Servicio de Impuestos Internos, la minera rectificó $46,8 millonespagados en 2009 a esa sociedad encargada de producir el material para el despliegue en terreno de la propaganda.
Trama no es un actor desconocido en el mundo de las campañas políticas. Al menos en las parlamentarias de 2013 prestó servicios a 21 candidatos de todo el espectro político. Joel Chávez, ex asesor de la actual presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, declaró ante la fiscalía en agosto de 2016 que la UDI le abrió un cupo a la actual senadora por $100 millones en Trama Impresores. Pero ese gasto no figuró en la rendición de la campaña de Van Rysselberghe ante el Servel (ver reportaje de CIPER).
Otro de los proveedores que figura en ambas nóminas –la del Servel y la que rectificó SQM– es el empresario transportista Juan Carlos Petit Oggero. La información del Servel indica que Petit prestó servicios para Piñera en la primera y segunda vuelta por $44,4 millones. Petit estuvo encargado del traslado de la propaganda desde Santiago a distintas ciudades del país entre Arica y Puerto Montt. Soquimich rectificó seis boletas pagadas al empresario transportista en 2010 por un total de $39,4 millones.
Robert Araya Alquinta fue concejal de la UDI por Antofagasta (también candidato a alcalde) y en 2009 cumplió un rol estratégico en el trabajo territorial que el comando de Piñera desplegó en esa región, principalmente en el Distrito 4 (Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal). Por esa labor, y de acuerdo a los datos del Servel, Araya recibió poco más de $3,5 millones. Pero Robert Araya también figura en la nómina de rectificaciones de Soquimich con seis boletas cuyo pago asciende a $16,6 millones.

OTRAS RECTIFICACIONES

Santiago Valdés

SQM no es la única empresa que ha concretado rectificaciones ante el Servicio de Impuestos Internos que involucran al círculo cercano del ex Presidente y hoy candidato Sebastián Piñera. Aguas Andinas, la sanitaria que abastece de agua potable a los habitantes de la Región Metropolitana, ingresó dos ante el SII, reconociendo que no existía respaldo para justificar algunos pagos.
Entre estas rectificaciones figuran los $76 millones girados por la sanitaria a los entonces ejecutivos de Chilevisión Jaime de Aguirre y Mario Conca. Ambos emitieron facturas falsas a Aguas Andinas por solicitud de Santiago Valdés, ex gerente de Administración y Finanzas de Bancard, sociedad de propiedad de Sebastián Piñera, quien esa época controlaba ese canal de televisión.
Santiago Valdés, quien además fue administrador electoral de la campaña de Piñera en 2009, ha sido formalizado en dos ocasiones por el Ministerio Público, en octubre de 2015 y agosto de 2016. La fiscalía le indaga por la comisión de eventuales delitos tributarios relacionados con facturas emitidas para SQM, las que se presumen falsas, por cerca de $400 millones. Esas facturas corresponden a Administradora Bancorp y Vox Populi, ambas sociedades vinculadas a Piñera al momento de concretarse estas operaciones. Además, Valdés es investigado por la fiscalía debido a contratos a futuro o forwards fraudulentos suscritos con el Grupo Penta (ver reportaje de CIPER).
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