Introducir ilegalmente elementos prohibidos a las cárceles de nuestro país es desgraciadamente una práctica instalada que vulnera todos los controles.
Ha sido a tal nivel que hace semanas quedaron en evidencia las “celdas VIP” como las bautizó la prensa chilena, en que reos vivían en condiciones casi de lujo, con televisores, celulares, conectividad, consolas de juegos, incluso frigobares y congeladores aperados de comida y una serie de otros artefactos fuera de toda lógica penitencial.
Pero si uno revisa un poco las condiciones de Gendarmería, vienen algunas señales del cómo y porqué ocurre. Sólo hay tres escáneres corporales para todo Chile; no hay sistemas de inhibición de señales de celular, menos de internet. Entonces y pese a los esfuerzos del personal penitenciario, los elementos prohibidos siguen pasando y facilitando con ello que las redes delictivas sigan operando y controlando desde dentro de las cárceles.
Más grave es cuando funcionarios, y peor aún, abogados o estudiantes de derecho ejerciendo defensoría pueden ingresar estos elementos, pues existe un aprovechamiento abusivo de las prerrogativas que la ley les concede. No hay que olvidar que los reglamentos internos, en resguardo del derecho a la defensa, prohíben la revisión exhaustiva a los abogados, siendo en tales circunstancias en donde se ha verificado el ingreso de drogas, armas o teléfonos, lo cual es impresentable, y lo digo con todas sus letras.
Ingresar estos elementos a los recintos penitenciarios genera una distorsión en la aplicación del castigo, constituye un gran peligro para la seguridad para los mismos gendarmes y la población penal, y en definitiva facilita la continuidad de las redes delictivas.
Por ello es que hace unas semanas presenté ante la Cámara Baja junto a otros colegas de Renovación Nacional un proyecto de ley que busca tipificar penalmente el ilícito de ingreso de elementos prohibidos a recintos penitenciarios, y lo agrava cuando dicha acción ha sido ejecutada por abogados en ejercicio. Asimismo, queremos impedir que quienes hayan sido sorprendidos, condenados o se encuentren investigados por este ilícito u otros similares, puedan obtener el título profesional de abogado.
Es urgente que de alguna manera podamos empezar a parar este tipo de situaciones, que no contribuyen en nada -como ya dije- a la seguridad de nadie pues, sólo ayudan a que las cáceles sigan siendo centro de operaciones para la delincuencia.
Bernardo Berger Fett
Diputado de la República