En entrevista con Radio BíoBío, el parlamentario aseguró que las autoridades que “no están dando el ancho” deberían abandonar sus cargos para no entorpecer el avance de la administración. Becker enfatizó que el Gobierno necesita fortalecer su conducción con perfiles capaces de concretar los objetivos planteados, especialmente en un momento en que la cohesión interna del bloque oficialista se encuentra bajo presión.

Un encuentro clave para la reconstrucción

El cónclave del 12 de mayo reunirá a senadores y presidentes de partidos oficialistas para alinear posiciones en torno al Plan de Reconstrucción Nacional. Becker adelantó que expondrá inquietudes recogidas de las bases partidarias y de la ciudadanía, subrayando que quienes no han cumplido con las expectativas deberían dar un paso al costado.

Pese a la dureza de sus palabras, el legislador llamó a mantener la unidad estratégica para respaldar al Presidente José Antonio Kast en los desafíos legislativos que enfrenta el Congreso.

Senado en el centro de la estrategia

La reunión en la Región de Valparaíso se produce tras el comité político ampliado del 14 de abril, donde el Mandatario delineó la ruta con los diputados del sector. Sin embargo, este nuevo encuentro tiene un matiz distinto: busca consolidar apoyos en la Cámara Alta, considerados vitales para aprobar la ley miscelánea que sustenta el plan económico.

El Ejecutivo espera que el alineamiento político evite que las críticas internas —como las de Becker— fracturen la base de apoyo en momentos clave de la tramitación presupuestaria de 2026.

Catarsis y reordenamiento

Más allá de los aspectos técnicos de la reconstrucción, el cónclave en Cerro Castillo se perfila como un espacio de catarsis y reordenamiento jerárquico. La advertencia del senador Becker pone presión sobre el gabinete, sugiriendo que la lealtad al proyecto debe ir acompañada de eficacia técnica, un atributo que, a su juicio, no se presenta de manera uniforme en todas las carteras.

By: Radio & Diario Uchile

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Uno de los críticos más directos ha sido el senador Iván Flores (DC), quien emplazó al Ejecutivo a realizar una autocrítica profunda durante el discurso. Según el parlamentario, el Jefe de Estado debe ser honesto y reconocer lo que calificó como una “cadena de errores” cometidos por sus ministros.

Flores enfatizó que el país requiere una explicación clara sobre el giro en ciertas posturas de campaña, apuntando al incumplimiento de promesas específicas y a la adopción de medidas que el entonces candidato aseguró que no ejecutaría.

Rendición de cuentas y responsabilidad política

El senador subrayó que la instancia no debe transformarse únicamente en una plataforma para anuncios futuros, sino cumplir con su naturaleza institucional: rendir cuentas de las acciones concretas desarrolladas por el Gobierno desde su llegada a La Moneda en 2026.

Si bien reconoció que parte del periodo anual corresponde a la administración anterior, insistió en que la responsabilidad política actual es ineludible. “La cuenta debe basarse estrictamente en lo que se hizo y no solo en proyecciones”, señaló, exigiendo que se aborden los hitos de los poco más de dos meses de mandato.

Flores agregó que, hasta ahora, no observa aspectos positivos en la gestión de Kast, por lo que considera indispensable un reconocimiento público de las falencias administrativas ante la ciudadanía.

Un discurso clave para la relación con el Congreso

La primera Cuenta Pública presidencial marcará uno de los hitos más relevantes del inicio de esta administración. El tono del discurso será determinante para definir la relación del Ejecutivo con un Congreso donde la oposición ya anticipa una postura fiscalizadora rigurosa durante este 2026.

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La ministra Duco subrayó la relevancia de este certamen para el desarrollo de las bases deportivas, vinculándolo directamente con el proceso nacional que impulsa Chile. “Estamos trabajando para que nuestros jóvenes lleguen en las mejores condiciones a Ecuador. Los Juegos Deportivos Escolares (JDE) 2026 son el semillero donde nace este sueño internacional”, señaló.

Agregó además: “Aquí nos reunimos los países de Sudamérica para definir cómo avanzamos juntos en política pública deportiva. El deporte escolar ya existe y en Chile se desarrolla, pero lo que buscamos es profundizar su impacto. Llegamos a miles de niños, pero aún no es suficiente: más del 80% no se mueve lo necesario”.

Expectativas en Los Ríos

El seremi del Deporte, Roberto Buchhorsts, destacó la participación regional en el Sudamericano Escolar de Asunción 2025, donde cuatro deportistas de judo, natación y básquetbol 3×3 representaron a Los Ríos. “Este año estamos muy entusiastas con la posibilidad de aumentar el número de atletas y disciplinas en Guayaquil”, afirmó.

Asimismo, proyectó una delegación más diversa: “Queremos que además de Panguipulli y Valdivia, se sumen deportistas de distintas comunas. El llamado es a cada niño, niña y establecimiento educacional a ser parte de esta fiesta sudamericana del deporte escolar”.

Juegos Deportivos Escolares 2026

La ratificación de la sede internacional coincide con la puesta en marcha de los JDE 2026, que proyectan una participación histórica de 210 mil jóvenes en todo Chile.

En la categoría Sub 14, los campeones nacionales de la Gran Final que se disputará en septiembre en Valparaíso serán quienes representen a la “Roja escolar” en Guayaquil. Este proceso refuerza el objetivo del Ministerio del Deporte y del IND de consolidar la competencia escolar como principal plataforma de detección y proyección de talentos en el país.

Más información sobre los Juegos Deportivos Escolares está disponible en www.ind.cl.

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Monte Verde volvió al centro del debate científico internacional. En marzo de 2026, Science difundió un artículo de Surovell, Méndez, Claudio Latorre y otros, que proponía reinterpretar la cronología e integridad del sitio arqueológico Monte Verde II, en el sur de Chile. El estudio sugería que parte de los materiales asociados a la ocupación humana habrían sido redepositados por procesos fluviales miles de años después.

La respuesta de la comunidad científica fue inmediata. Tres cartas independientes, elaboradas por investigadores de universidades y centros de Estados Unidos, Europa y América Latina, refutaron los argumentos del estudio y reafirmaron la antigüedad aproximada de 14.500 años del sitio, considerado clave para comprender el poblamiento temprano de América.

El señalamiento principal: ausencia de excavación directa

Las críticas se centran en la metodología. Surovell et al. no excavaron en el yacimiento original ni analizaron su estratigrafía completa, basando gran parte de sus conclusiones en observaciones de afloramientos ubicados entre 50 y 4.000 metros de distancia de Monte Verde II.

Según las cartas, esos afloramientos corresponden a contextos sedimentarios complejos y heterogéneos, afectados por procesos deposicionales y erosivos, cuya relación directa con el sitio nunca fue demostrada. Dillehay lo resumió con una metáfora: “Todo su estudio se ha hecho a alrededor de 50 a 4.000 metros de distancia. Es como si yo quisiera escribir tu biografía, y tú estás vivo todavía, pero nunca he conversado contigo”.

La discusión sobre la Tefra Lepué

Otro eje del debate es la supuesta presencia de la Tefra Lepué, una capa de ceniza volcánica de unos 11.000 años que, según el artículo en Science, estaría bajo los niveles de ocupación humana.

Los equipos que respondieron sostienen que esa tefra nunca ha sido identificada en Monte Verde, pese a décadas de excavaciones desde 1977. Plantean que los autores confundieron depósitos sedimentarios y formaciones minerales con material volcánico por similitudes cromáticas superficiales. La carta liderada por Waters enfatiza que los análisis geoquímicos disponibles no permiten confirmar que el depósito corresponda efectivamente a la Tefra Lepué, desmontando uno de los pilares cronológicos del estudio.

Evidencia incompatible con una redeposición fluvial

Las refutaciones también cuestionan la hipótesis de redeposición fluvial. Dataciones por luminiscencia (OSL) realizadas en arenas de base entregaron edades entre 18.100 y 14.300 años, confirmando que la superficie habitada existía en el Pleistoceno tardío.

A ello se suman huellas humanas, fogones, estructuras de madera, restos vegetales conservados, masas de algas marinas masticadas y más de 400 fósiles de vertebrados asociados a gonfoterios y paleolamas. Según los investigadores, la preservación de estos materiales es incompatible con un arrastre fluvial, que habría destruido gran parte de las evidencias.

Las cartas también señalan que el estudio omitió considerar la distribución in situ de estructuras, artefactos, restos vegetales y faunísticos directamente datados, así como comparaciones tipológicas que vinculan los bifaces de Monte Verde con industrias pleistocénicas tempranas de Sudamérica.

La genética respalda una ocupación pre-Clovis

La carta encabezada por Meltzer incorpora evidencia genética y paleogenómica. Los datos actuales indican que la divergencia entre poblaciones ancestrales de nativos americanos del norte y del sur ocurrió hace unos 15.700 años, lo que implica necesariamente ocupaciones anteriores a la cultura Clovis en Sudamérica.

Meltzer advierte que las conclusiones de Surovell et al. ignoran no solo la evidencia de Monte Verde, sino también décadas de investigaciones interdisciplinarias en otros sitios tempranos del continente.

Mucho más que una fecha

Los investigadores subrayan que Monte Verde no es solo una discusión cronológica. El sitio conserva restos de chozas, fragmentos de piel animal, huellas humanas, fogones, herramientas de hueso, piedra y madera, además de restos vegetales locales y exóticos. Estas evidencias permiten comprender formas tempranas de vida en América, incluyendo conocimientos sobre plantas y algas que aún persisten en comunidades del sur de Chile. Se estima que entre 15 y 20 personas habitaron Monte Verde.

Respecto a las críticas sobre un supuesto “embargo” de la colección arqueológica, los investigadores recuerdan que los materiales están bajo resguardo de la Universidad Austral de Chile desde la década de 1980 y que su acceso es regulado por el Consejo de Monumentos Nacionales.

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En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Juan Ignacio Correa Rosado, María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Soledad Orellana Pino— resolvió que el Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para querellarse bajo la Ley de Seguridad del Estado.

La resolución agrega que: “En primer término, porque aquella interpretación desconocería el sentido útil de la causal de inadmisibilidad del artículo 114 e) del Código Procesal Penal, que sitúa al juzgador en la necesidad de examinar la legitimación del querellante al momento de la interposición del referido escrito, y que la excepción prevista en el artículo 264 del mismo cuerpo legal resulta aplicable a otras hipótesis diversas a la discutida en el caso de marras; en segundo lugar, atendido lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley sobre Seguridad del Estado, y los artículos 3 y 7 del Decreto con Fuerza de Ley N°7912, que fueron modificados por la Ley N°21.730, se advierte la falta de legitimación activa del Ministerio de Seguridad Pública para querellarse por el delito en virtud del cual fundó su ampliación de querella, puesto que en la misma ley se fijaron las atribuciones de la referida cartera ministerial y se decidió mantener expresamente la facultad de interponer la querella de marras en el Ministerio del Interior, sin dotar al Ministerio de Seguridad Pública de idéntica facultad”.

“Lo anterior es a su vez concordante con la mantención de la facultad de deducir querella en los delegados presidenciales regionales, dado que al Ministerio del Interior le corresponde [t]odo lo relativo al Gobierno Político y Local del territorio, siendo coherente que, en aquel sentido la presente especificación de la función de gobierno mantenga una adecuada coordinación a nivel nacional y regional entre los órganos señalados”, añade.

En la especie, para el tribunal de alzada: “(…) debe subrayarse que la Reforma Procesal Penal supuso una restricción en torno a quiénes pueden tener la calidad de querellante en el proceso penal, atendido a que no es posible soslayar, por un lado, la preeminencia que cabe al Ministerio Público como órgano autónomo que ejercer la acción penal pública y, por el otro, que la proliferación indiscriminada de pretensiones punitivas en un proceso por sujetos no regidos por el principio de objetividad puede suponer una amenaza a la debida igualdad de armas que inspira al proceso penal”.

Por tanto, se resuelve que: “se acoge, sin costas, la acción constitucional de amparo interpuesta en favor de P.V.V.B. y M.J.M.R. y, en consecuencia, se declara inadmisible la ampliación de querella deducida por el Ministerio de Seguridad Pública con fecha 22 de abril de 2026 en causa RIT (…), RUC N°(…) seguida ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, por falta de legitimación activa”.

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La emergencia fue reportada a las 07:20 horas en un inmueble de material ligero ubicado en calle Pilmaiquén 365. Al lugar acudieron unidades de la Primera Compañía de Bomberos de San Pablo, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas. El fuego fue finalmente contenido alrededor de las 09:30 horas.

Mientras se realizaban labores de remoción de escombros, los equipos de emergencia hallaron en el interior de la vivienda dos cuerpos calcinados. Según información preliminar entregada por vecinos, las víctimas corresponderían a personas jóvenes, antecedentes que deberán ser confirmados mediante las pericias correspondientes.

El Ministerio Público dispuso la concurrencia de equipos especializados para esclarecer las causas del siniestro y determinar la identidad de los fallecidos. Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt, se trasladaron hasta la comuna de San Pablo para realizar las diligencias pertinentes.

Las investigaciones buscan establecer tanto la identidad de las víctimas como la dinámica que originó el incendio.

Imagen cedida RRSS

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El procedimiento se llevó a cabo la tarde del 29 de abril en el sector Wifco, al interior de un predio forestal, tras un trabajo previo de recopilación y análisis de información desarrollado por el equipo especializado SUMA de la PDI, en coordinación con las víctimas y el Ministerio Público.

De acuerdo a los antecedentes, los imputados habrían usurpado el terreno hace aproximadamente dos semanas, iniciando posteriormente la tala y extracción ilegal de madera exótica, específicamente de la especie eucaliptus. Para concretar estas labores, utilizaban maquinaria pesada y herramientas especializadas.

En el lugar, los detectives constataron la tala de más de 40 árboles adultos, de cerca de 20 años de crecimiento, lo que generó un importante daño al predio afectado. Durante el operativo se incautó una retroexcavadora marca Volvo y dos motosierras marca Stihl, especies avaluadas en conjunto en más de 35 millones de pesos.

Por instrucción del fiscal Sergio Carmona Santos, ambos detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención durante la jornada siguiente, mientras que las especies incautadas quedaron a disposición del Ministerio Público.

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La autoridad explicó que el incidente responde a una práctica en la que atacantes recopilan antecedentes de filtraciones antiguas, los correlacionan para armar bases de datos más ordenadas y los presentan como si se tratara de un evento nuevo. En esta ocasión, la diferencia radicó en que la información fue puesta a disposición del público de manera más accesible, a través de sitios web que permiten consultas simples por RUT.

El origen de la información “nueva”

Aunque la mayoría de los antecedentes corresponden a filtraciones de años anteriores, Bordachar reconoció que una fracción menor podría ser reciente. Esto se atribuye directamente a debilidades en el comportamiento de los usuarios, ya que se detectó el uso de credenciales vigentes. Los atacantes habrían probado RUTs y correos electrónicos con claves filtradas hace tiempo que aún seguían activas, logrando acceder a cuentas de algunos funcionarios públicos.

A ello se suma la reutilización de contraseñas, un hábito que facilitó el acceso debido a que muchas personas emplean la misma clave en múltiples plataformas. La autoridad explicó además que la difusión de ciertos datos —incluidos algunos de salud que ya circulaban previamente— respondió a una estrategia de visibilidad de los atacantes para ganar atención mediática y aumentar el impacto de su publicación.

Recomendaciones de seguridad

La titular de la ANCI insistió en que mejorar la seguridad digital es una tarea compartida entre instituciones y ciudadanos. Advirtió que la falta de una adecuada “higiene de claves” y la ausencia de doble factor de autenticación son los principales factores de riesgo. Según Bordachar, el uso de este segundo paso de verificación podría haber evitado el 80 % de los casos reportados en 2026. Por ello, recomendó a la población cambiar periódicamente sus contraseñas y evitar su reutilización en distintos servicios.

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Por su parte, el Presidente José Antonio Kast indicó: “Estamos muy contentos de hacer este gran anuncio en esta región y con nuestro gobierno en terreno, porque este plan es una política de Estado. Sabemos que la conectividad cambia la vida, tanto la terrestre como la lacustre y la digital; es un cambio radical en la calidad de vida de las personas, sobre todo en las zonas más extremas y aisladas”.

El ministro Arrau agregó: “Hoy el Presidente José Antonio Kast realizó un anuncio histórico de inversiones, que contempla cinco veces más, en promedio, que lo que se ha invertido en las últimas décadas. Serán cerca de 800 mil millones de pesos en proyectos concretos que ponen el foco en la soberanía nacional”.

“La Ruta 7 no es solo un camino. Es una decisión de Estado para unir Chile donde la geografía históricamente lo ha hecho difícil. Cada kilómetro que avanzamos en la Carretera Austral significa más soberanía, más oportunidades, más turismo, más trabajo y mejor calidad de vida para quienes viven en Aysén”, añadió el ministro.

¿En qué consiste el Plan Ruta Austral: Soberanía que conecta?

El Plan Ruta Austral: Soberanía que conecta es un programa integral de conectividad que contempla una inversión total cercana a los 800 mil millones de pesos. Con ello, la inversión promedio anual en la ruta pasará de $24.353 millones entre 2016 y 2025 a $139.902 millones entre 2026 y 2030.

De la inversión total, $758.858 millones corresponden al MOP y $44.940 millones al Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Entre las obras a desarrollar destacan la intervención de 244 km desde el límite regional hasta el Lago Juncal, en un total de 23 proyectos integrados:

• 20 iniciativas viales (pavimentos en ejecución y por ejecutar, caminos básicos y 2 puentes).
• 3 proyectos marítimos y lacustres.

En relación con la cartera de pavimentos por ejecutar, se contemplan 9 tramos de la Ruta, que suman 100,7 km. Estos, junto con los 49,7 km de pavimentos actualmente en ejecución, configuran un programa de pavimentación definitiva de 150,4 km dentro del período.

Adicionalmente, se proyecta el reinicio de la construcción de los nuevos puentes Palena y Rosselot, la ampliación de la infraestructura portuaria de Puerto Yungay, así como la construcción de dos nuevas barcazas: una para el Lago General Carrera y otra para el Lago O’Higgins.

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En representación de Chile asistieron Paula Fuentes Merino, de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, y Macarena Sarras Bishara, de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas puntos focales del tratado.

Durante la reunión, la delegación chilena reafirmó que el Acuerdo de Escazú constituye un compromiso de Estado y presentó avances en su implementación nacional. Se informó que el Plan Nacional de Implementación Participativa ya está en marcha y que actualmente se elabora el Reporte Anual 2025, dando continuidad al seguimiento del plan. También se destacó la instalación de una gobernanza colaborativa, multinivel y participativa, con la creación del Consejo Nacional de Escazú y espacios regionales de diálogo, además del trabajo conjunto con el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo.

Uno de los temas centrales de la COP4 fue el fortalecimiento de los Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), herramientas públicas que permiten recopilar y difundir información sobre emisiones, residuos y transferencias de contaminantes. En este contexto, Chile manifestó su interés en integrar el Grupo Técnico de Expertos que elaborará lineamientos regionales para el desarrollo y fortalecimiento de estos registros, con participación activa de los Estados Parte y del público.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente se valoró la reunión como una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer la cooperación regional y avanzar hacia una gestión ambiental más eficiente, transparente y sustentable, centrada en las personas y sus derechos

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