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Solicitando que sea contraloría la que se pronuncie respecto a la determinación de municipio de Futrono, región de Los Ríos de realizar cobro de estacionamientos, concejales de dicha comuna expresaron su apoyo a la comunidad acusando irregularidades y sosteniendo que la medida afectaría principalmente a los pequeños comerciantes de la comuna.
Esto, tras el concejo municipal extraordinario efectuado el pasado viernes, tras el cual el municipio de Futrono, ante el descontento de vecinos y comerciantes por los cobros de estacionamientos, determinó eliminar la medida sólo hasta después del 15 de marzo. No contentos con esto, los afectados y al menos tres de los integrantes del consejo municipal se opusieron acusando una serie de irregularidades en su aplicación.
Expresaron que es claro el perjuicio económico para los vecinos y, sobre todo, para pequeños comerciantes y artesanos que durante la época estival buscan generar el sustento para el resto del año, cuando sus ingresos bajan considerablemente. Así lo reiteró el concejal UDI Jorge Tatter, quien señaló que tanto por este motivo como por la poca claridad en el proceso de adjudicación del servicio es que decidieron oponerse a la medida.

En tanto, el concejal PPD Fernando Flandez, aseguró que también existe una serie de irregularidades, primero al realizarse la contratación directa de la empresa, donde incluso el municipio comprometió la contratación de 6 funcionarios para realizar los cobros, pese a que la empresa no entrega ningún tipo de retribución para la comuna.
Según dijo, solicitaron los antecedentes al departamento jurídico para aprobar la medida pero estos jamás fueron entregados o clarificados, razón que hoy los lleva a solicitar que sea la contraloría la que interceda para clarificar la situación.
“Creo que lo que corresponde es que Contraloría se pronuncie” aseguró, e indicó que “hasta el momento a nosotros no se nos ha hecho llegar esta información, si efectivamente procedía o no de acuerdo a la ley el trato directo”.

Además, informaron, se acordó inicialmente que la inversión en la contratación de funcionarios sería devuelta, situación que luego habría sido derogada. Los funcionarios habrían sido contratados sólo hace un par de días, por lo que no se entendería la objeción para terminar con la medida.
Asimismo, aseguraron los afectados, los funcionarios fueron contratados para aseo y ornato, por lo que podrían ser trasladados a otros servicios, no existiendo argumento legal para no terminar con los cobros.
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