El cruce entre el Ejecutivo y el exmandatario se originó luego de que Boric cuestionara en su cuenta de X los embargos realizados por la Tesorería. En su mensaje, acusó una contradicción en la derecha: rechazar el levantamiento del secreto bancario y, al mismo tiempo, respaldar medidas de cobranza contra los deudores.

El expresidente también responsabilizó a la oposición de haber frenado el proyecto que buscaba reemplazar el CAE por el FES (Financiamiento Público para la Educación Superior), y llamó a impulsar iniciativas que alivien la carga de quienes aún arrastran deudas.

Frente a esas declaraciones, Alvarado defendió la postura del gobierno y separó ambos temas: “Son dos cosas totalmente distintas”, subrayó, descartando que el debate sobre el secreto bancario tenga relación con la discusión sobre el CAE.

“Él hizo un llamado permanente durante su gobierno a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno”, enfatizó.

Alvarado atribuyó parte del actual nivel de morosidad a esa promesa incumplida. “Cuando a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice ‘dejo de pagar’. Gran parte del problema también está motivada por esa promesa”, sostuvo.

Consultado sobre si las declaraciones de Boric fueron injustas, el secretario de Estado evitó calificar sus dichos. “Solamente decir que este gobierno es un gobierno serio, un gobierno responsable y que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos”, señaló.

En cuanto a los embargos en particular, Alvarado recordó que la Tesorería está facultada a embargar cuentas corrientes como “medida precautoria, que está establecida en todo tipo de cobranzas de carácter judicial”. “El Estado está en el legítimo derecho de recuperar plata que corresponde”, aseveró.

Así, Alvarado descartó que exista contradicción entre la postura del oficialismo en el Congreso y las acciones de la Tesorería, y reiteró que el foco está en recuperar recursos para el Estado.

By: grafica Biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado. Foto: Aton.

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El nombramiento se produce meses después de la ruptura política entre Frei y su histórica militancia en la Democracia Cristiana (DC), cuando el exmandatario hizo público su respaldo a José Antonio Kast a días de la segunda vuelta presidencial. Con esa decisión, Frei se desmarcó del apoyo que su colectividad entregó a la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Cabe recordar que Frei Ruiz-Tagle ya ocupó esta misma posición entre 2014 y 2022, tras ser nombrado por la entonces presidenta Michelle Bachelet. Su gestión se extendió durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y finalizó al inicio de la administración de Gabriel Boric.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la decisión se tomó “en atención a su destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores de Chile”.

El texto añade que “el expresidente ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo”.

“Esta designación responde a la importancia estratégica que el Gobierno le asigna al fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y multilaterales, así como a la necesidad de contar con representantes de la más alta experiencia y estatura política para participar en seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales que requieran representación del país”, agregó la cartera.

El cargo de embajador en misión especial permite a Frei actuar como representante diplomático de Chile en eventos o negociaciones puntuales. Al no estar asignado a un país específico, la administración de Kast podrá recurrir a su gestión en cualquier escenario internacional donde se requiera su presencia o experiencia.

Sobre el nombramiento, el canciller Francisco Pérez Mackenna señaló que “su reconocida vocación de servicio público, así como el liderazgo y visión de Estado demostrados a lo largo de su extensa carrera política, constituyen cualidades de especial relevancia para representar a Chile en instancias de alto nivel político, económico y de cooperación internacional”.

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El director del servicio, Fernando Peña, y la jefa jurídica, Catalina Poblete, se reunirán con el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos. El encuentro abordará presuntos fraudes y sobreprecios en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con la firma Soser, según consignó La Tercera. La Junaeb también acudirá a la Contraloría General de la República (CGR).

La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, explicó el procedimiento institucional: “Tras dicha investigación y auditoría, si los antecedentes muestran señales significativas, también se oficiará a los respectivos servicios para que remitan los antecedentes a las instituciones competentes que correspondan, como la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público”.

La auditoría ordenada por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) no solo afecta a la Junaeb. El análisis también alcanza al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), a Prodemu, a la Subsecretaría de Transportes y a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). En todos estos servicios, la fiscalización reveló deficiencias en el control financiero y recursos pendientes de rendición.

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Pacheco cumplió este 25 de mayo su última jornada al frente de Codelco tras el término de su gestión y el traspaso del mando del directorio a Bernardo Fontaine, nombrado por el Presidente José Antonio Kast. Durante el día, el ahora exlíder de la cuprífera difundió un video de despedida en el que expresó la emoción que le provocaba abandonar el cargo. “Me invade una emoción muy profunda, pues partir es morir un poco”, señaló.

Horas más tarde, se conoció una carta enviada por Pacheco a Fontaine en la que oficializó su salida de NovAndino Litio y abordó directamente las críticas que, según indicó, buscaban forzar su renuncia. “He seguido atentamente, en estas últimas semanas, la ofensiva que han llevado algunos sectores para demandar mi renuncia al cargo de director en NovAndino Litio”, escribió. En el texto, cuestionó que “lo que debería ser una actividad profesional imaginada en beneficio de la nación se transforme, por cuestiones puramente partidistas, en un campo de disputa miope y pequeño”.

“El país debería estar siempre primero, pero veo que no todos lo entienden así. Para algunos la reducida bandería política vale más que el interés nacional”, expresó el también economista.

En la misma misiva, Pacheco afirmó que tomó la decisión de dejar el cargo “por el bien del país” y para evitar una “odiosa controversia” que pudiera afectar tanto a Codelco como al desarrollo del proyecto asociado al litio. “He decidido presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de Director de Nova Andino Litio SpA”, sostuvo.

El extimonel de la minera estatal también defendió el balance de su administración al frente de Codelco. Según planteó, la empresa fue recibida “en una situación difícil”, pero hoy queda “más fuerte, más robusta y con un horizonte que es mejor”. Además, aseguró que quienes ocupan este tipo de cargos y buscan “avanzar e innovar” deben estar abiertos a la evaluación pública y a la controversia.

En el cierre de la carta, Pacheco agradeció al expresidente Gabriel Boric “por su confianza en Codelco y en mi gestión”, además del respaldo entregado por el directorio de la empresa durante los últimos tres años. “Sin este gran esfuerzo colectivo, no habría sido posible alcanzar un resultado de tanto valor estratégico para Chile”, concluyó.

By Radio Uchile

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Fallos por región

El desglose geográfico de los fallos revela un criterio mayoritario en los principales tribunales de alzada de la zona central y sur. Entre las cortes que lideraron los rechazos de admisibilidad destacan:

• Santiago: 569 casos desestimados.
• San Miguel: 197 casos.
• Concepción: 146 casos.
• Rancagua: 58 resoluciones.

Disparidad de criterios en regiones

A pesar de la tendencia nacional, el balance de la TGR también dio cuenta de zonas donde los deudores lograron sortear con relativo éxito la primera etapa de tramitación:

• Talca: 102 casos admitidos.
• Valparaíso: 99 ingresos declarados admisibles.
• La Serena: 24 recursos aceptados.
• Arica: 7 recursos admitidos.

Estos fallos abrieron procesos de revisión de fondo sobre los mecanismos de cobro aplicados.

Rol de la Corte Suprema

La Tesorería General de la República enfatizó que la Corte Suprema ya ha declarado inadmisibles más de 250 recursos de protección de forma directa. Con este pronunciamiento, el máximo tribunal ratifica la postura adoptada inicialmente por los tribunales de Santiago y San Miguel, consolidando una jurisprudencia favorable a las atribuciones de cobranza coactiva de la TGR frente a los saldos pendientes del financiamiento universitario.

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La controversia se intensificó tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien defendió los ajustes asegurando que “a veces uno, con menos recursos, hace más”. Argumentó que existe espacio para mejorar la eficiencia hospitalaria y optimizar el uso de infraestructura y pabellones quirúrgicos. Desde el Ejecutivo recalcaron que el ajuste corresponde al 2,5% del presupuesto del Minsal y que, según sostienen, no afectará la atención directa a los pacientes.

En medio de las críticas, el presidente José Antonio Kast respaldó la medida durante una actividad en Copiapó. “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos, que son escasos”, afirmó el mandatario, apuntando a una mayor eficiencia en el gasto público. Kast agregó que el objetivo del Ejecutivo es “recuperar la institucionalidad” y ejemplificó con medidas relacionadas a compras de medicamentos a través de Cenabast, asegurando que la eliminación de ciertas comisiones representa un ahorro para los municipios.

Una de las primeras reacciones provino del propio oficialismo. El alcalde Maximiliano Luksic, independiente electo con apoyo de Chile Vamos, emplazó al Gobierno a reconsiderar la decisión. “Invitamos al Gobierno a reflexionar sobre los recortes anunciados en Salud y las prioridades de Chile. La Atención Primaria ya está muy exigida y cada peso menos significa peores atenciones médicas para los chilenos”, señaló en su cuenta de X. Añadió que “los municipios somos la puerta de entrada al sistema de salud, y en lugar de recortar, todos los esfuerzos deberían ir en la dirección de mejorar y fortalecer la APS. No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva”.

En el Congreso, también desde el oficialismo, el diputado Omar Sabat (UDI) cuestionó especialmente el impacto que podría tener la medida en regiones. “Desde regiones no vamos a quedarnos callados mientras desde Santiago se toman decisiones que pueden terminar debilitando hospitales fundamentales para el sur de Chile”, afirmó. El parlamentario anunció además el envío de un oficio al Ministerio de Salud para conocer el impacto concreto del ajuste en hospitales públicos, solicitando antecedentes sobre eventuales reducciones de insumos, especialistas o postergación de cirugías.

Por su parte, el diputado Matías Fernández (FA), integrante de la comisión de Salud de la Cámara, calificó la medida como “un golpe directo al corazón de la salud pública en Chile”. “El Decreto 333 del Ministerio de Hacienda, que produce un recorte de $413 mil millones al Ministerio de Salud, significa menos financiamiento para hospitales, Fonasa y la atención primaria”, señaló. Fernández advirtió que la reducción afectará “la atención diaria de más de 16 millones de personas” y cuestionó que los recursos no sean reinvertidos en el sistema sanitario. “El recorte tendría sentido si se reinvirtiera en salud, pero al contrario, va a ser un ahorro fiscal para poder llevar adelante la reforma tributaria que pretenden aprobar durante estos meses”, acusó.

Desde el Senado, la senadora Karol Cariola (PC), integrante de la comisión de Salud, criticó que el Ejecutivo busque mejorar la eficiencia mediante rebajas presupuestarias. “Estoy de acuerdo con que se mejore la gestión y se hagan todos los esfuerzos por hacer más eficiente el gasto. Sin embargo, eso no se logra reduciendo el presupuesto”, afirmó. Cariola subrayó que el ajuste resulta “absolutamente inusual”, considerando que los hospitales públicos operan históricamente con déficit estructural. “Todos los años el Gobierno debe suplementar el presupuesto y no rebajarlo”, indicó, agregando que la mayoría de los recintos hospitalarios requieren recursos adicionales antes de terminar el año presupuestario.

Desde el ámbito técnico, el investigador senior del Centro de Estudios Horizontal, Juan José Obach, planteó en Radioanálisis que el debate también debe considerar problemas de eficiencia en el sistema público de salud. “No podemos tapar el sol con un dedo. Hay un problema real de ineficiencia y mal gasto público”, sostuvo. Recordó que estudios de la Comisión Nacional de Productividad han mostrado una baja utilización de pabellones hospitalarios, señalando que el desafío debiera enfocarse en “gastar mejor”. “Toda la agenda de racionalización y recorte debería estar enfocada en cómo gastar mejor”, indicó, aunque reconoció que “las frases desafortunadas” emitidas en los últimos días “no ayudan a generar ese clima”.

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Frente a la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, la autoridad expuso que en los últimos meses se han triplicado las incautaciones y denuncias asociadas a pesca ilegal en el país, lo que da cuenta de una presión creciente sobre los recursos marinos y de mayores esfuerzos de fiscalización, aunque todavía con brechas relevantes en alta mar. Esto, además, expuso un problema mayor: un 96% de los casos queda sin sanción.

En ese escenario, la acción judicial presentada ante la Corte de Apelaciones de Iquique contra una empresa china busca marcar un hito. Se trata del primer caso en Chile que utiliza evidencia satelital como base para acreditar una eventual infracción dentro de la ZEE, lo que podría abrir un nuevo estándar en la persecución de flotas extranjeras.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada y coordinadora general de ONG FIMA, Antonia Berríos, explicó que la denuncia surge en el marco del proyecto Legal Ocean Watch, que busca dotar a la sociedad civil de herramientas tecnológicas para detectar actividades ilícitas en el mar.

“Identificamos que el 1 de octubre de 2025 una nave de bandera extranjera habría ingresado a la zona económica exclusiva, presuntamente realizando actividades de pesca. Contrastamos la información de posición con imágenes que muestran la iluminación de la nave, además de su velocidad y rumbo, lo que nos permitió confirmar con alta probabilidad que se trataba de una maniobra de pesca ilegal”, señaló.

Berríos detalló que la embarcación habría permanecido entre 40 y 50 minutos dentro de la ZEE, recorriendo cerca de 500 a 600 metros, antes de salir nuevamente a aguas internacionales para continuar sus operaciones. “Esto lo denunciamos tanto a Sernapesca como al juzgado civil correspondiente. El tribunal deberá analizar los antecedentes y requerir información al armador o responsable de la nave”, indicó.

Desde el ámbito técnico, el especialista en pesca ilegal Milko Schvartzman, consultado por nuestro medio, apuntó a debilidades estructurales en el sistema de control. “Existe una falta de capacidades que tiene que ver con la voluntad política de mejorar el sistema, incorporar nuevas tecnologías y aumentar la presencia en el mar. No ha habido patrullajes permanentes mientras flotas extranjeras operan en zonas adyacentes e incluso ingresan a la ZEE”, afirmó.

El experto subrayó que el monitoreo satelital representa una herramienta clave, aunque insuficiente por sí sola. “Las nuevas tecnologías son fundamentales y permiten contar con información en tiempo prácticamente real. Sin embargo, deben complementarse con vigilancia física, tanto marítima como aérea, y con personal capacitado. Mientras más herramientas se integren, más eficiente será el sistema”, sostuvo.

“Una de las ventajas que tiene este monitoreo es que nos brinda información en tiempo prácticamente real de lo que está sucediendo en el mar. Entonces en algunos casos cuando la unidad de superficie o la embarcación de vigilancia de la Armada está a una distancia extensa del lugar donde se detecta la actividad, en algunos casos este monitoreo satelital nos permite hasta identificar la embarcación y poder, como ocurre en algunos países, hasta sancionarla sin la necesidad de un abordaje”, prosiguió en su explicación sobre las ventajas del uso de nuevas tecnologías en la fiscalización de la pesca ilegal.

En relación con las complejidades de perseguir este tipo de casos cuando involucran actores extranjeros, Berríos explicó que uno de los principales desafíos radica en la eficacia de las sanciones. “Las multas no son altas en relación con los beneficios que se obtienen por el volumen de captura, por lo que no resultan tan disuasorias. También existen obstáculos procesales, como las notificaciones en el extranjero, que implican costos, aunque son salvables”, indicó la abogada.

La abogada agregó que, pese a ello, la normativa chilena permite avanzar en estos procedimientos. “Una nave que realiza pesca dentro de la zona económica exclusiva se somete a la regulación nacional, por lo que el proceso debiera avanzar, aunque se trate de una empresa extranjera”, precisó.

Respecto del impacto del caso, Berríos planteó que podría sentar precedentes relevantes en dos dimensiones. “Primero, será clave ver la posición del tribunal frente a una denuncia presentada por una organización y no directamente por Sernapesca. Segundo, cómo se valora la prueba satelital y qué exigencias establece el tribunal para considerarla fidedigna”, explicó.

Finalmente, Schvartzman abordó la necesidad de ajustes normativos para fortalecer la fiscalización. “Hay que hacer algunos ajustes y actualizar las regulaciones y las normas para el control y monitoreo de la pesca”, enfatizó el especialista.

“Es evidente que hay una falencia de voluntad política. O sea, debe haber una voluntad política de controlar y evitar los ingresos de pesca ilegal. Esa voluntad política no existió en estos últimos años y permitió que flotas extranjeras tuvieran comportamientos transgresores dentro de la Zona Económica Exclusiva de Chile”, concluyó.

By: Camilo Vega Martínez / Diario y Radio Uchile

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Las inscripciones se realizan a través de la plataforma Cero Filas, con verificación de identidad digital mediante Clave Única. Esta primera etapa contempla la recepción de antecedentes y documentación, para luego continuar con evaluaciones físicas, psicológicas y entrevistas personales.

Requisitos de postulación

• Ser chileno.
• Tener entre 18 y 25 años.
• Estado civil: soltero.
• Situación militar al día (no implica haber realizado el servicio).
• Antecedentes personales intachables.
• Haber aprobado al menos segundo año de enseñanza media.
• No presentar tatuajes en lugares visibles.
• Contar con salud compatible con las exigencias del trabajo penitenciario.

Cabe destacar que no existe estatura mínima como requisito.

Formación y beneficios

La Directora de la Escuela, Coronel Carol Araneda Meza, subrayó que ingresar a Gendarmería de Chile “no es solo una opción laboral, es una decisión de vida orientada a la seguridad y al compromiso con el país”.

La formación ofrece una educación integral con enfoque disciplinario, valórico y técnico, orientada a enfrentar los desafíos de la seguridad penitenciaria moderna. Entre sus beneficios destacan:

• Estabilidad laboral.
• Oportunidades de crecimiento y perfeccionamiento permanente.
• Desarrollo de habilidades como liderazgo, responsabilidad, empatía y trabajo en equipo

Documentación solicitada

Los postulantes deberán presentar:

• Certificado de nacimiento.
• Certificado de antecedentes personales.
• Certificado de estado civil (soltería).
• Certificado de situación militar al día.
• Concentración de notas.

Más información

El ingreso de los seleccionados está previsto para el segundo semestre de este año. Quienes deseen conocer más detalles pueden visitar el sitio web www.escueladegendarmeria.gob.cl o escribir al correo admision.escuela@gendarmeria.cl.

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Pese a que el sector en su conjunto apoya el corazón del proyecto —la baja en el impuesto a las empresas del 27 al 23%—, no todos están alineados respecto a cómo se tiene que presentar la iniciativa. Mientras que algunos están de acuerdo con la idea de que sea un gran paquete de medidas que aborde distintas materias, otros apuntan a que se separe en varios proyectos.

Desde el Gobierno han defendido tanto el fondo como la forma de la ley de Reconstrucción Nacional. Este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, insistió en que la rebaja en el impuesto empresarial permitirá que se aumente la inversión y el crecimiento.

Asimismo, argumentó que se verán afectadas un total de 150 mil empresas “que emplean a la mitad de los trabajadores de Chile”, por lo que no sería “un impuesto que baje para los ricos”.

“Este es un proyecto de crecimiento, un proyecto de reactivación, un proyecto para recuperar los 200 mil empleos que se perdieron en la construcción. De eso se trata. No transformemos esto en la típica caricatura que algunos hacen, de que cualquier baja de impuesto es para favorecer a los ricos”, pidió.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, indicó que continúan las conversaciones con los distintos sectores políticos y que incluso se está bregando por un acuerdo transversal.

“Lo que estamos haciendo es poder conversarlo, con el objetivo que esto salga lo mejor posible y entender las distintas posturas pero, al mismo tiempo, hacer un llamado para que todos los sectores aprueben este proyecto. Que den sus observaciones para que salga algo rápido, eficiente y que apunte a que este año estemos con resultados concretos en cuanto a los beneficios a los chilenos”, aseveró.

Las diferencias en el oficialismo

Desde Renovación Nacional (RN) plantean las dificultades de presentar una mega reforma. En conversación con La Tercera, la diputada RN y vicepresidenta de la Cámara Baja, Ximena Ossandón, aseguró que insistirá “hasta el final” para parcelar el proyecto. A su juicio, su aprobación será más sencilla si se separa.

“Claramente nos vamos a enfrascar. Es cosa de ver a la oposición en este minuto, que lo único que hace es hablar de la baja al impuesto de primera categoría para las empresas. Al final, tú dices, ¿para qué le doy el gustito?”, cuestionó la parlamentaria.

Consultada sobre los dichos de Ossandón, la presidenta de su partido, Andrea Balladares, desdramatizó la controversia y recalcó que se está intentando llegar a un acuerdo con el Gobierno.

“Todo lo que podamos conversar para ver cuál es el mejor camino legislativo para que esto se haga una realidad en el más corto tiempo, es lo que vamos a estar disponibles a conversar junto con la Segpres, como con el ministro Quiroz. Esa es nuestra postura. Poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto vea la luz en el corto plazo”, afirmó.

En la UDI, las dudas más bien se relacionan con la necesidad de integrar nuevas medidas al proyecto. El diputado gremialista y presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, observó que falta un componente en la iniciativa. «Se lo he transmitido a personas importantes del Gobierno. Yo no veo en las 43 medidas una que ponga contenta a la clase media”, dijo en diálogo con Tele 13 Radio.

Por su parte, el también diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, expresó un apoyo irrestricto a la iniciativa, pero también se abrió a la posibilidad de incorporar ideas de otros sectores.

“Cada medida que se proponga, venga de donde venga, tiene que ser analizada en su mérito. Si algún parlamentario del oficialismo propone una mala idea, tiene que ser rechazada y si alguien de la oposición propone una buena idea, tiene que ser acogida. Lo que he oído, al menos de parte del Partido de la Gente, son buenas propuestas y yo esperaría que el Gobierno las acoja”, manifestó.

En tanto, quien también se refirió a este debate fue el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno. El parlamentario restó importancia a la discusión sobre la manera en que se presentará el proyecto: “Buena parte del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista, independiente de la manera en que nosotros ingresemos el proyecto, lo van a votar en contra”.

Moreno sostuvo que “una parte de la oposición le da exactamente lo mismo la forma y el fondo” de los proyectos de ley, porque votarán en contra: “Ellos eligieron volver a hacer el mismo tipo de oposición que fueron de una manera miserable, de una manera obstruccionista, con el gobierno del expresidente (Sebastián) Piñera”.

By: Fernanda Araneda Radio&Diario Uchile

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Para la próxima semana se proyecta un nuevo incremento en el precio de los combustibles en Chile, impulsado principalmente por el conflicto bélico en Irán y un valor del dólar que se mantiene por encima de la tendencia observada hasta febrero. De acuerdo con estimaciones de Clapes UC, la gasolina de 93 y 97 octanos registrará un alza de $36,5 por litro a partir del jueves 16 de abril. Este ajuste corresponde al límite máximo semanal permitido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) bajo sus parámetros actuales.

El impacto será aún más significativo en el transporte de carga y pasajeros, dado que el diésel proyecta un aumento de $63 por litro. Los expertos advierten que, sin la acción amortiguadora del Mepco, las alzas serían mucho más severas: la gasolina superaría los $73 y el diésel los $100 por litro en una sola semana. Desde la academia, economistas como Michèle Labbé anticipan que la volatilidad marcará la pauta durante 2026, considerando la dependencia estructural de Chile respecto de los precios internacionales y la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

El rol del Mepco en un escenario de crisis

Tras la polémica modificación del mecanismo realizada el 26 de marzo —que derivó en un alza inmediata de casi $400 en la gasolina y $600 en el diésel—, el sistema ha retomado su función de contención frente a la volatilidad extrema. En esta ocasión, el Mepco aplicará una rebaja efectiva al impuesto específico, evitando que el traspaso de los precios internacionales sea total e inmediato para los consumidores.

La investigadora Francisca Cuadros señala que, a diferencia de lo ocurrido en marzo, cuando un cambio en los parámetros neutralizó el subsidio, para la quincena de abril el mecanismo sí cumplirá su rol de amortiguador. Sin embargo, el alivio es relativo, ya que los precios internos se mantienen en niveles históricamente elevados. La estabilidad del mercado local dependerá de que no se produzcan nuevas escaladas militares que interrumpan el suministro global de crudo o disparen nuevamente el valor del dólar.

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