El fallo es inédito, pues el Máximo Tribunal no solo estableció la responsabilidad civil de la ticketera, sino que además reconoció dolo en su actuar, al considerar que la empresa celebró contratos con los consumidores con pleno conocimiento de los riesgos y obligaciones que implicaba la venta de entradas para un evento masivo.

Según el SERNAC, esta decisión marca un precedente relevante: las ticketeras no pueden desligarse de su responsabilidad frente a los consumidores, debiendo devolver el dinero y compensar los daños en caso de incumplimiento.

La sentencia fijó compensaciones diferenciadas para los afectados, que van desde 0,26 UF ($10.620) hasta 2,32 UF ($94.760), dependiendo de la región de residencia y si los consumidores reclamaron formalmente ante el SERNAC.

Punto Ticket deberá pagar compensaciones por los daños patrimoniales sufridos por los asistentes, incluyendo los costos de transporte. Los montos fueron divididos en cuatro grupos

• Grupo 1: Consumidores de regiones distintas a la Metropolitana que no asistieron → 2,06 UF ($84.140) o 2,32 UF ($94.760) si reclamaron al SERNAC.
• Grupo 2: Consumidores de regiones distintas que asistieron a la nueva fecha → 1,5 UF ($61.270) o 1,77 UF ($72.290) si reclamaron.
• Grupo 3: Consumidores de la Región Metropolitana que no asistieron a la nueva fecha → 0,56 UF ($22.870) o 0,82 UF ($33.490) si reclamaron.
• Grupo 4: Consumidores de la Región Metropolitana que asistieron a la nueva fecha → 0,26 UF ($10.620), sólo para quienes reclamaron.

La Directora Nacional (s) del SERNAC, Carolina González, valoró el fallo señalando que:

“Este histórico pronunciamiento eleva el estándar de protección al consumidor y establece que las ticketeras deben responder civilmente, incluso cuando el incumplimiento provenga de terceros”.

Este fallo constituye un precedente judicial inédito en Chile, al reconocer dolo en la intención de una ticketera y ampliar su responsabilidad frente a los consumidores. Refuerza la protección al consumidor en eventos masivos y abre la puerta a futuras acciones colectivas en casos similares.

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El estudio revela que el desempleo es la segunda preocupación a nivel nacional con un 46% de menciones, registrando un aumento de 4 puntos porcentuales respecto al mes pasado y de 10 puntos en un año, el mayor incremento entre los 30 países medidos. Además, supera el promedio latinoamericano (38%) y se ubica 16 puntos por encima del registro mundial (30%).

Por su parte, el crimen y la violencia se mantiene como el principal problema para el país con un 60% de menciones, cifra que sitúa a Chile 11 puntos sobre el promedio regional y 28 puntos por encima de la media global. En tercer lugar aparece la pobreza y desigualdad social con un 31%, indicador que se ubica levemente por debajo del promedio latinoamericano (34%) pero supera la media global (29%).

“La preocupación por el desempleo adquiere una nueva centralidad en Chile y América Latina. Mientras otras inquietudes relevantes retroceden o se mantienen estables, el empleo es la única entre las cinco principales que aumenta claramente en el último año. En Chile, esta tendencia refleja una inseguridad económica vinculada no solo al costo de vida, sino también a la estabilidad de los ingresos y al bienestar de las familias”, explicó Nicolás Fritis, CEO de Ipsos Chile.

Pesimismo sobre el rumbo del país

El informe también muestra una tendencia pesimista en la percepción ciudadana:

• 63% de los encuestados cree que Chile va por el camino equivocado (+4 pp. respecto al mes pasado).
• 37% considera que va en la dirección correcta, cifra que ha caído cinco meses consecutivos desde febrero, cuando alcanzó su punto más alto en siete años (47%).

En cuanto a la situación económica, el 74% de los consultados la calificó como mala, mientras que solo un 26% la evaluó como buena.

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La iniciativa suma 30 mil nuevos cupos, hasta alcanzar un total de 80 mil; eleva de 4.000 a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio; y extiende su vigencia por 12 meses, hasta el 31 de mayo de 2028.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, resaltó que “esto permitirá prolongar la rebaja de la tasa, aproximadamente del 4% al 3%, sumar 30 mil nuevos cupos y ampliar el beneficio a viviendas de hasta UF 6.000, llegando a un grupo social más amplio, incluida la clase media. Junto con la exención del IVA a las viviendas nuevas, son dos políticas que se potencian para reactivar con fuerza el sector y generar beneficios para la población”.

Asimismo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, destacó la iniciativa que se presentó hoy, y recordó que pronto se lanzará el nuevo subsidio Tramo 4.000, que se transformará en una nueva herramienta para que las familias puedan acceder a su vivienda en propiedad. “El Tramo 4.000 va a estar el segundo semestre operativo. Esperamos que sea entre octubre y noviembre, con un cupo inicial de 5.000 unidades. Hemos tenido muchísima demanda y ahora con el combo que vamos a hacer con el FOGAES pensamos que va a ser muy exitoso para la venta de viviendas.”

El beneficio funciona de manera simple. Al comprar una primera vivienda nueva con crédito hipotecario, el subsidio reduce la tasa de interés y, con ello, el monto mensual del dividendo. A esto se suma la garantía estatal, que respalda parte del financiamiento ante la institución financiera y puede facilitar el acceso al crédito con un pie menor, sujeto a la evaluación crediticia correspondiente. Desde su puesta en marcha, el beneficio ha registrado una alta demanda.

El proyecto busca asegurar su continuidad y sumar 30 mil nuevos cupos para personas y familias que están evaluando la compra de su primera vivienda. El aumento del tope a 6.000 UF también amplía el universo de viviendas nuevas que pueden acceder al beneficio. Según el Informe Nacional Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción, este nuevo límite abarca el 88,1% de la oferta actualmente disponible en el país. En la práctica, esto amplía las alternativas para que más personas y familias puedan avanzar en la compra de su primera vivienda. Esta ampliación se complementa con la exención transitoria del IVA para la compra de viviendas nuevas, contemplada en el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Actualmente, el precio de una vivienda nueva incorpora un componente asociado a este impuesto.

Cuando entre en régimen la medida, ese componente tributario dejará de aplicarse durante el período establecido, contribuyendo a reducir el costo de adquisición. Un ejemplo permite dimensionar su efecto: para una vivienda de 5.000 UF, financiada a 25 años con un crédito equivalente al 90% de su valor, el dividendo mensual bajaría desde aproximadamente $950 mil a $850 mil con la ampliación del Fogaes, y a cerca de $770 mil al combinarse con la exención del IVA. Considerando como referencia que el dividendo no supere el 25% de los ingresos, el ingreso mensual requerido para el hogar se reduciría desde $3,8 millones a cerca de $3,1 millones.

En un hogar con dos ingresos equivalentes, esto representa una disminución desde $1,9 millones a aproximadamente $1,5 millones por persona. En conjunto, ambas medidas se complementan para mejorar las condiciones de acceso a la primera vivienda: una contribuye a reducir su precio y la otra hace más conveniente el financiamiento hipotecario. Así, más personas y familias podrán avanzar en la compra de una vivienda propia. Esta iniciativa forma parte de la agenda económica del Gobierno para fortalecer el crecimiento, impulsar la inversión y promover la creación de empleos, junto con ampliar las oportunidades para las familias.

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En el fallo (causa rol C538-2025), el magistrado Claudio Thomas Veloso analizó los reportajes titulados: “La machi de los sacrificios: la oscura trama detrás de ritual que terminó con dos personas muertas” (14 de septiembre de 2025) y “Viaje al régimen y giro a la lucha ambiental: las redes que tejió la machi de los sacrificios” (28 de septiembre de 2025).

Respecto de la libertad de prensa, la resolución señala que esta debe ejercerse sin censura previa, pero advierte que el uso reiterado de comillas al referirse a la machi y subtítulos como “Una mujer perdida” generan un efecto psicológico de cuestionamiento en el lector, configurando un trato discriminador.

Decisiones del tribunal

1. Se declara que existió discriminación arbitraria en las publicaciones mencionadas.
2. Se ordena eliminar de todas las plataformas digitales las expresiones:
   • “La machi de los sacrificios”, reemplazándola por “Machi Millaray Huichalaf”.
   • El uso de la palabra Machi entre comillas.
   • El epígrafe “Una mujer perdida”, reemplazándolo por “En 2013 se presentó diciendo que estaba perdida y buscaba algunos vecinos”.
3. Bio Bio deberá publicar, al pie de las notas, que la sentencia obligó a modificar dichas expresiones por considerarlas discriminatorias, indicando además la multa aplicada y la fecha de pago.
4. Se ordena realizar una capacitación obligatoria para al menos el 90% de sus periodistas, con una duración mínima de 80 minutos, sobre los contenidos de la sentencia y prácticas de redacción inclusiva.
5. Se impone a la empresa una multa de 10 unidades tributarias mensuales, a pagar dentro de cinco días desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada.
6. Se condena en costas a la parte demandada.

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La respuesta del Gobierno fue inmediata. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó, aunque con matices, un cambio en la propiedad de la cuprífera y marcó distancia con la propuesta. “No estamos hablando de privatizar, sino de trabajar con privados”, afirmó la autoridad, precisando que la administración busca profundizar convenios con empresas privadas, “tal como lo hizo la administración de Máximo Pacheco, con más de 12 convenios con privados”.

Desde La Moneda insistieron en que la discusión sobre una eventual venta de activos no equivale a privatizar la empresa. El propio Mas sostuvo que algunas definiciones sobre desinversiones corresponden al gobierno corporativo de Codelco, intentando diferenciar el debate de cualquier apertura de la propiedad de la estatal.

El Partido Socialista. En una declaración pública, la Comisión Política de la colectividad sostuvo que la propuesta “amenaza el patrimonio estratégico de todos los chilenos” y acusó que la iniciativa busca instalar una discusión que pone en riesgo uno de los principales activos del Estado. El PS también advirtió sobre la necesidad de resguardar el carácter público de la empresa en un escenario marcado por la creciente demanda mundial de cobre para la transición energética.

Las organizaciones de trabajadores también cuestionaron la idea. Desde la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN) señalaron que una eventual privatización significaría debilitar una empresa que históricamente ha financiado políticas públicas mediante sus excedentes. Para los dirigentes sindicales, el problema de Codelco no pasa por su propiedad, sino por las condiciones de financiamiento que ha enfrentado durante décadas y por la necesidad de fortalecer su capacidad de inversión.

La propia estatal también salió a precisar el alcance de las versiones sobre eventuales ventas de activos. En una declaración pública sostuvo que “ni el directorio de Codelco ni su presidente han analizado, discutido o adoptado decisión alguna respecto de la venta” de sus participaciones en El Abra y Quebrada Blanca. No obstante, reconoció que en la elaboración de su futuro plan estratégico se evaluarán “alternativas de financiamiento” y una “eventual venta de activos”, junto con otras medidas destinadas a fortalecer la sostenibilidad financiera de la corporación.

El temor que surge es claro: que el único recurso estratégico con que cuenta Chile termine en manos de capitales extranjeros. El cobre es más que un recurso económico: es parte de la identidad y soberanía de Chile. La posibilidad de privatizar Codelco genera el temor de que el país pierda el control sobre su principal fuente de riqueza, dejando en manos de capitales extranjeros un patrimonio que pertenece a todos los chilenos.

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Haase Mazzei fue sentenciado a:

• 15 años y un día de presidio efectivo como autor de los homicidios de Jara y Quiroga.
• 10 años y un día de presidio por el delito de secuestro calificado de ambas víctimas.

Estas penas forman parte de una de las causas más emblemáticas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Chile.

Antecedentes Judiciales

De acuerdo con los antecedentes judiciales, Haase Mazzei se desempeñaba como teniente en el Estadio Chile en septiembre de 1973, recinto utilizado como centro de detención tras el golpe de Estado. Allí integró una unidad militar proveniente del Regimiento Tejas Verdes de San Antonio, bajo el mando de Manuel Contreras, pocos días después del quiebre institucional.

La investigación también estableció que Haase Mazzei fue uno de los primeros oficiales en incorporarse a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo represivo clave en la dictadura. Además, se determinó su participación en la sociedad “Pedro Diet Lobos”, considerada una empresa de fachada utilizada por la DINA para encubrir actividades ilícitas y administrar parte de su financiamiento.

La captura

La detención de Haase Mazzei marca un hito en el cumplimiento de las sentencias relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Su captura refuerza el principio de que, aunque la justicia pueda tardar, finalmente se ejecuta, y constituye un avance en la reparación simbólica hacia las víctimas y sus familias.

Este caso se suma a otros procesos judiciales que han buscado esclarecer y sancionar los hechos ocurridos en los primeros días posteriores al golpe de Estado de 1973, consolidando la memoria histórica y reafirmando el compromiso del país con la justicia transicional y los derechos humanos.

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Los nuevos espacios serán operados por Plaza Premium Group, empresa líder en el rubro con presencia en más de 600 aeropuertos de 150 países, donde atiende a más de 30 millones de pasajeros al año.

Los salones estarán ubicados en la zona de embarque del T1, funcionarán las 24 horas y en conjunto ofrecerán más de 2.154 m² de superficie y 534 asientos.

La construcción se realizará en dos etapas: primero se cerraron tres salones actuales que serán remodelados y habilitados gradualmente a partir de fin de año; luego se intervendrán los dos restantes, cuya apertura está prevista para 2027.

El gerente general del aeropuerto, Nicolas Claude, destacó que la llegada de Plaza Premium Group es un paso importante para fortalecer la hospitalidad y la calidad de los servicios:

“Los nuevos salones se alinean con nuestro foco en la experiencia y la hospitalidad, ofreciendo espacios de alta calidad con un sello distintivo de identidad chilena”.

Por su parte, David Thompson, vicepresidente senior de PPG para Latinoamérica, señaló que la inversión en Chile es parte de una estrategia de largo plazo:

“Nuestra llegada representa una inversión en uno de los mercados más importantes de la región. Ya estamos evaluando nuevos proyectos en el país”.

La compañía, reconocida con más de 180 premios internacionales, adelantó que los nuevos salones ofrecerán servicios VIP de primera categoría, adaptados a las necesidades de los viajeros modernos.

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En entrevista con el programa Sin Filtros, citada por Emol, Sedini denunció una “campaña articulada” para descontextualizar sus vocerías y relató las limitaciones que enfrentó en el ejercicio de su rol:

“Me amarraron de manos en un cargo que yo estaba segura que era para mí, pero me vi tremendamente limitada a un estilo que no era el mío: a no contestar, a no interpelar, a no meterse en problemas. Yo soy frontal, siempre comprometida con hablar con la verdad, y esa limitación inevitablemente te hace cometer errores. Si te ponen a jugar en una posición incómoda, es evidente que no vas a funcionar”.

La exvocera recordó además un episodio con una de las figuras más influyentes del Gobierno:

“Estábamos conversando apasionadamente sobre un tema y me dicen: ‘Este es el Gobierno de los fomes. Nos vestimos fomes, hablamos fomes, respondemos fomes’. Yo los miré y pregunté: ‘Entonces, ¿por qué me llamaron? ¿Qué estoy haciendo aquí?’. Y me respondieron: ‘¿Eres actriz? Actúa’”.

Sedini subrayó que su llegada al gabinete fue por mérito propio y no por respaldo partidario:

“Soy periodista, tengo un magíster en Comunicación Política, he estado en el ruedo político por mucho tiempo y el cargo me lo gané en un proceso. Pero me di cuenta de que teníamos un problema grave”.

Consultada sobre su autocrítica, reconoció:

“Mi primera y gran autocrítica es que no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar, me dejé presionar por personas dentro del Gobierno”. expuso Sedini, tras salir del Gobierno de Kast

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No obstante, Rubilar recordó que el Ejecutivo dio por cerrada la discusión del aborto. “Entiendo, por supuesto, que existe una autonomía parlamentaria y diputados pueden presentar mociones que pudieran buscar retroceder en esta materia, pero creo que es importante dejar bastante claro que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha dado este debate por zanjado”, dijo

En ese sentido, aseguró que espera que el Mandatario mantenga esa postura “más allá de los inconvenientes que pudiera generarle con parlamentarios de su mismo sector”.

La exsecretaria de Estado cuestionó a los legisladores oficialistas que impulsan la iniciativa. “Si bien existe autonomía parlamentaria y cualquier diputado o senador puede presentar un proyecto de ley, también es cierto que cuando el Gobierno toma una postura de no innovar, cualquier iniciativa en esta materia genera este revuelo y esta conversación”, afirmó.

“¿Por qué parlamentarios que apoyan a un Gobierno, que ha tomado una decisión de no innovar, ponen en entredicho o en un problema mayor a su propio gobierno?”, cuestionó.

Sobre el proyecto en sí, Rubilar lo calificó como un retroceso encubierto. “Es una obligación para el médico ofrecer escuchar los latidos y es una obligación finalmente para la mujer o la niña escucharlos, porque de lo contrario no van a poder acceder a esta interrupción que ya estará garantizada por ley. Si eso no es un retroceso, la verdad es que no sé lo que es”, indicó.

La exministra afirmó que el proyecto significa en la práctica una imposición, y que detrás de esta iniciativa “hay una forma al parecer encubierta de querer derogar la ley de interrupción del embarazo en tres causales”.

Rubilar destacó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales —conocida como Ley IVE— y recordó que le “tocó ser el único voto de derecha a favor en la Cámara de Diputados”. Afirmó que no apoyó la iniciativa desde un inicio, sino que se formó una opinión “después de escuchar a muchos expertos, a muchos académicos, leer legislación comparada, pero sobre todo escuchar a las mujeres que habían vivido alguna de las tres causales”.

“Es muy doloroso tener que ver a mujeres que han tenido que salir a alzar la voz, que han vivido el calvario, el infierno o el dolor de tener que pedir poder utilizar alguna de las tres causales (…). Mujeres que han tenido que escuchar de un médico que su bebé, que han esperado, que han anhelado, no va a seguir viviendo, que no es viable (…) o una mujer, principalmente niñas, que sufren una violación. Y en el caso de las niñas habitualmente de alguien que debería haberlas protegido, de un familiar, un padre, un abuelo, etcétera”, agregó.

Cuestionó que “esas causales tan dolorosas son las que hoy día un proyecto de ley quiere poner en cuestión obligando a escuchar los latidos de un corazón en estas circunstancias, tratando de disfrazarlas de consentimiento informado, tratando de disfrazar esto que es finalmente modificar o intentar derogar la ley de tres causales“.

La exministra también se refirió al llamado del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien instó al Ejecutivo a retomar la agenda valórica. Rubilar insistió en que las tres causales ya se legislaron y que el compromiso del actual Gobierno es no innovar en esta materia. “Yo creo que ese es finalmente el eje central de esta discusión”, aseguró.

Sobre el contexto comparado, Rubilar señaló que medidas de este tipo se adoptaron en países donde existe aborto libre, pero insistió en que ese no es el caso de Chile. “Yo pudiera entender que hay personas que legítimamente creen que este es un mecanismo para, en ese contexto de aborto libre, hacer cambiar la opinión de una mujer, pero no estamos hablando de aborto libre en Chile y todos lo sabemos”, planteó.

La doctora agregó que “no hay problema” con la decisión voluntaria de escuchar los latidos, “el problema es que obligan al médico y obligan a la mujer a tener que escucharlo, porque de lo contrario no existirá esta prestación de salud que está garantizada por ley”.

En tanto, Rubilar manifestó su esperanza de que el Gobierno mantenga la postura de la ministra de la Mujer, Judith Marín, y no abra una discusión que, a su juicio, ya quedó zanjada por la ley y por la palabra del Mandatario.

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La medida fue anunciada por el Mandatario durante el sexto consejo de gabinete. Kast explicó que la situación había aumentado en gravedad debido a los cortes de agua potable, energía eléctrica, el crecimiento de los caudales y los deslizamientos de tierra registrados en ambas zonas.

El Presidente informó que el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, permanece en la provincia de Huasco y pidió al ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, mantenerse en la Región de Coquimbo para coordinar la reposición de la conectividad. Además, adelantó que otros ministros se trasladarán a distintas regiones afectadas por el temporal.

La decisión fue recibida con críticas por el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quien aseguró en conversación con La Tercera que el decreto llegó cuando la emergencia ya había provocado víctimas fatales, cientos de familias permanecían aisladas por el desborde de quebradas y los cortes de caminos. Añadió que el municipio llevaba días solicitando la declaración de emergencia y la utilización del 2% constitucional para disponer de mayores recursos.

El jefe comunal sostuvo que ahora el desafío es que el decreto tenga efectos concretos en terreno, con personal operativo que permita evacuar a quienes siguen aislados y reforzar la ayuda en los sectores rurales. También cuestionó el funcionamiento del sistema SAE, al indicar que en algunos casos las alertas llegaron cuando las personas ya no tenían posibilidades de abandonar sus viviendas.

En la misma línea, el senador Matías Walker (Demócratas) señaló que el Estado de Catástrofe era una medida que los alcaldes de la región venían solicitando. El parlamentario sostuvo que ahora corresponde incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas, reforzar la maquinaria para recuperar la conectividad y convocar a la gran minería para colaborar en las labores de despeje de rutas y apoyo a las comunas más afectadas. También manifestó preocupación por localidades que acumulan cinco días sin suministro eléctrico.

La respuesta del Gobierno estuvo a cargo del biministro Claudio Alvarado, quien descartó que la reacción del Ejecutivo haya sido tardía. Recordó que el 13 de julio se decretó una alerta preventiva que permitió activar todos los recursos disponibles del Estado, habilitar los fondos de emergencia del Ministerio del Interior y coordinar con el Estado Mayor Conjunto el despliegue de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Estado detalló que antes del Estado de Catástrofe ya existían cerca de 500 efectivos militares operando en la zona, además de siete helicópteros en Coquimbo, tres en Atacama y maquinaria pesada destinada a recuperar la conectividad y asistir a las localidades aisladas. Agregó que los equipos realizaron evacuaciones preventivas, habilitaron albergues y suspendieron clases en las zonas con mayor riesgo.

Alvarado sostuvo que las críticas forman parte de este tipo de emergencias, pero llamó a mantener la coordinación entre las distintas instituciones. Asimismo, aseguró que el Gobierno realizará las reasignaciones presupuestarias necesarias para financiar la emergencia y confirmó que las familias afectadas podrán acceder a bonos de recuperación de enseres una vez concluido el levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia.

Desde Atacama, el diputado Cristian Tapia (PPD) valoró que el Ejecutivo extendiera el Estado de Catástrofe a la provincia de Huasco. El parlamentario afirmó que la medida permitirá disponer de mayores recursos para los municipios y acelerar la recuperación de caminos, viviendas e infraestructura dañada. También destacó la disminución del caudal del río en Vallenar, aunque advirtió que continúan las gestiones para llegar a sectores que permanecen aislados.

En paralelo, el Presidente José Antonio Kast se trasladó a la Región de Coquimbo para inspeccionar en terreno los efectos del sistema frontal y coordinar las próximas acciones. El Mandatario viajó acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, y la ministra de Salud, May Chomalí. 

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