Después de 12 horas de audiencia de formalización, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota consiguió la privación de libertad de 14 de los 20 imputados de la más importante investigación en Chile contra los préstamos ilegales de dinero, también conocido como préstamos “gota a gota”.
Los detenidos fueron formalizados en calidad de autores de los delitos de usura, asociación ilícita, infracción a la Ley General de Bancos, los que el tribunal dio por establecidos. Por esta razón, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados, la que fue rechazada por el tribunal y fue reemplazada por arresto domiciliario total para 14 de los imputados, entre ellos el líder de la banda. El resto quedó con arraigo nacional y firma mensual.
“La resolución del tribunal del día de hoy da por acreditado tres de los delitos por los cuales formalizó, entre ellos que nos parece más relevante es el de la asociación ilícita, es decir que no es una práctica individual por parte del imputado si no que existe toda una estructura jerárquica y organizada para ejercer esta labor de manera reiterada el delito de usura, entre otros”, comentó esta madrugada la Fiscal Regional, Javiera López.
La investigación liderada por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota junto a la PDI, logró desarticular una red internacional dedicada a facilitar dinero cobrando intereses que superan el máximo legal, además de otros delitos. La indagatoria finalizó con la incautación de un poco más de 9 millones de pesos, documentación y la detención de 20 personas; 18 colombianos, además de un peruano y un chileno, quienes ejercían diversas labores, tanto de prestadores del dinero como de cobradores diarios y recaudadores, estableciéndose además que operaban en otras regiones del país.

Investigación

La indagatoria estableció como líder de la agrupación al ciudadano colombiano Gustavo Henao Medina (30), seguido de Wilson Consuegra Trujillo. El primero de ellos ingresó a Chile el pasado 3 de octubre por el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, proveniente desde Colombia, trasladándose posteriormente hasta las ciudades de Ovalle y Coquimbo, en la Cuarta Región, recaudando los dineros del negocio ilícito montado también en esa zona. Tras ello, el extranjero viajó hasta Arica para cumplir la misma función de recaudación, ya que además en esta ciudad vive su madre María Medina Díaz y su hermana.
Se pudo determinar que la organización además estaba conformada por personas que cumplían la función de socios supervisores, quienes autorizaban o rechazaban los préstamos ilegales y que controlaban grupos de menor jerarquía, integrado por imputados que ejercían el rol de captadores y cobradores diarios. A ellos se suma un ciudadano chileno que prestaba apoyo logístico y elaboraba contratos de trabajo falsos a los extranjeros para regularizar su situación migratoria en el país.
Asimismo, los imputados otorgaban estos préstamos sin poseer autorización para ejercer esta actividad y con una tasa de interés del 20 al 25%, muy superiores a la tasa de interés convencional fijada tanto por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Banco Central.
La persecutora regional, Javiera López, señaló que los préstamos se otorgaban principalmente a comerciantes minoritarios del sector céntrico de la ciudad y que los montos eran entre 100 mil hasta los 3 millones de pesos, debiendo cancelar en un plazo máximo de 30 días mediante cuotas diarias. Asimismo, se estableció que en algunos casos los comerciantes fueron amenazados y coaccionados por parte de los cobradores para que cancelaran la deuda.
“Hasta el momento se puede establecer que la organización ha prestado a terceras personas como mínimo 300 millones de pesos, aunque creemos que esa cifra podrá aumentar a medida que vayamos analizando los medios de prueba incautados. Esta organización tiene una estructura prácticamente piramidal pero tiene una jefatura y una primera línea de cobradores que llevan un registro de sus cobranzas, lo que permite al supervisor que está encima de ellos tener un control de la recaudación diaria y dar instrucciones en orden a qué hacer con este dinero; es decir este dinero se envía fuera del país o se traspasa a través de depósitos a ciertas personas, ya sea miembros de la organización, familiares o terceros, conformando una suerte de trazabilidad del dinero”, explicó la Fiscal Regional Javiera López.
El trabajo investigativo de la Fiscalía y la PDI detectó también que la organización había implementado una aplicación en los teléfonos celulares de los cobradores, a fin de controlar sus recorridos y procesos de cobranza, además de una base de datos con todos los deudores. En el marco de la audiencia de formalización, se informó que la red realizó giros hacia Colombia y Brasil por un monto total de 77 millones de pesos y 5 mil 300 dólares, además de otorgar cerca de 500 préstamos.

Operativo

La detención de los imputados se registró este domingo, en el marco de un amplio operativo desplegado por diversas unidades de la PDI y dirigido por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota. Los funcionarios policiales hicieron ingreso simultáneo a 10 viviendas en Arica y otras dos ubicadas en las ciudades de Ovalle y Coquimbo, donde se aprehendió a los individuos incautándose dinero en efectivo,  documentos y diversas especies utilizadas para la comisión de estos ilícitos.
Fotografías gentileza PDI Arica