La presidenta del Sindicato N° 2 de Chuquicamata, Liliana Ugarte, precisó que la mayor perjudicada con la medida será la ciudad de Calama. Mientras, la diputada Marcela Hernando precisó que las autoridades ejecutivas no tienen contemplado medidas para mitigar los efectos de la cesantía.
Su completo rechazo a la decisión de Codelco de reducir la dotación de personal de aquí al 2024 manifestaron dirigentes sindicales y parlamentarios relacionados con el sector minero.
Todo esto a partir de la información extraoficial que se ha dado a conocer recientemente desde la Estatal, donde en su Plan de Negocios y Desarrollo 2019 (PND) se estima que serán desvinculados casi cuatro mil trabajadores de aquí al 2023, es decir, pasaría de un total nacional de 38 mil personas a 34 mil. Esto, tanto en sus dotaciones propias como subcontratadas.
Una de las faenas más afectadas con los despidos de trabajadores propios sería Chuquicamata, con una cifra estimada que llegaría cerca de los mil 500 trabajadores en los próximos cuatro años.
La presidenta del Sindicato N° 2 de la División Codelco Norte, Liliana Ugarte, conminó a los ejecutivos de la Estatal para que comuniquen dichos antecedentes a todas las organizaciones laborales.
La dirigenta de los trabajadores de Chuquicamata, rechazó que la eventual optimización y reducción de costos siempre pase por disminuir la dotación de personal.
“Nosotros rechazamos que siempre cuando hay problemas de gestión, cancelan gente, y con eso bajan los costos. Pensamos que la gestión debe mejorar, también debe haber una buena política de abastecimiento donde efectivamente se adquieran los productos, herramientas, equipos que se necesitan, y no de la forma como se está haciendo ahora. Por ejemplo, se adquieren repuestos de manera irracional, se compran partidas de neumáticos que no sirven a ningún camión, repuestos chinos que al tiempo se desechan, entre otros errores”, afirmó.

La empresa, que entrega todas sus ganancias al Estado, trabaja en un plan de reducción de gastos y alza de productividad en momentos donde se plantea un ambicioso proyecto de modernización de sus antiguos yacimientos.
La reducción de personal repercutirá igualmente a los trabajadores externalizados de operaciones, los cuales alcanzaban a 20 mil 595 personas el año pasado.
Para el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Manuel Ahumada, las amenazas de despido no son nuevas en un sector laboral, precisó, acostumbrado a la precariedad y al temor por perder el empleo.
Ahumada, agregó además que hay que derribar ciertos mitos sobre los procesos de transformación y mayor tecnologización del sector minero.
“Se deben generar espacios de conversación, de diálogo, en igualdad de condiciones, donde de alguna manera se logren bajar los mitos sobre automatización. Entender sobre todo que en la gran minería no es ahora, sino que desde siempre se ha tratado de insertar y trabajar con altos estándares de tecnología y modernización, pero se instalan estas lógicas, que, por ejemplo, se plantea la reducción de puestos de trabajos contratistas, cuando todos sabemos las grandes precariedades que tiene la externalización y al mismo tiempo la constante inestabilidad laboral”, argumentó.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, diputada radical Marcela Hernando, manifestó su preocupación por los hasta ahora nulos proyectos de adecuación laboral, ideados para mitigar los efectos de la cesantía que se producirán especialmente en la región de Antofagasta.
La parlamentaria criticó que nuevamente sea la ciudad de Calama, la que asuma los efectos negativos que significa para sus habitantes el desempleo.
“Nos preocupa, porque tampoco vemos que las autoridades ejecutivas tengan una planificación, qué va a pasar con todas las familias perjudicadas, de qué manera se va a absorber esta cesantía. Nosotros estamos en contacto permanente con los sindicatos de Chuquicamata y el sector minero en general, por lo que este tema se debe tratar en la comisión que presido”, subrayó.
La diputada y presidenta de la Comisión de Minería, Marcela Hernando, conminó al gobierno a preocuparse por el desempleo en la región de Antofagasta, y a conversar sobre planes de mitigación laboral con los sindicatos, soluciones –recalcó- para los miles de trabajadores que quedarán cesantes por este nuevo Plan de Negocios y Desarrollo de Codelco.